Urgente la regularización de parcelas convertidas ilegalmente fraccionamientos

*Reynaldo Magaña

 Un Problema Social y Legal

La regularización de parcelas convertidas ilegalmente en fraccionamientos en la zona rural de Baja California se ha convertido en un tema de vital importancia. Durante los últimos treinta años, la venta irregular y/o fraudulenta de parcelas y tierras ejidales ha crecido de manera acelerada, generando serios problemas sociales y legales que deben ser abordados con urgencia.

La Problemática de la Venta Irregular

Los ejidatarios o titulares de parcelas han fraccionado y vendido estas tierras en lotes, creando fraccionamientos irregulares. Esta práctica, aunque entendible ante la falta de oportunidades productivas en el sector agropecuario, ha violado múltiples disposiciones legales, agrarias, civiles, administrativas y penales. La falta de autorizaciones correspondientes ha convertido estas parcelas en fraccionamientos ilegales, complicando enormemente la situación para las autoridades y los habitantes de estas áreas.

El artículo 220 del Código Penal de Baja California es claro en este aspecto: "Comete el delito de fraude el que por sí o por interpósita persona, cause perjuicio público o privado al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o rústico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes". Este precepto legal subraya la gravedad del problema y la necesidad de una intervención inmediata para corregir estas irregularidades.

Consecuencias Sociales y Necesidad de Regularización

Los problemas derivados de esta práctica son múltiples. En primer lugar, los compradores de buena fe, quienes adquirieron estos lotes sin conocimiento de su irregularidad, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La falta de títulos de propiedad les impide acceder a servicios públicos básicos y participar en programas sociales, afectando su calidad de vida y seguridad jurídica.

Regularizar estos fraccionamientos ilegales es crucial para proporcionar a estos habitantes la seguridad jurídica que necesitan. Con títulos de propiedad en mano, podrán acceder a servicios públicos esenciales como agua, electricidad, y drenaje, así como participar en programas de desarrollo social. Esto no solo mejorará su calidad de vida, sino que también contribuirá al desarrollo integral de las comunidades rurales.

Impacto Económico y Beneficios para el Ayuntamiento

Además de los beneficios sociales, la regularización de los asentamientos humanos rurales tendría un impacto positivo en el padrón predial. Al incorporar estas tierras al registro oficial, el ayuntamiento recibiría un aumento significativo en los ingresos por concepto de predial. Este incremento de recursos podría ser reinvertido en obras y servicios públicos en las propias comunidades rurales, generando un círculo virtuoso de desarrollo y mejora continua.

La regularización no solo resolvería problemas legales y sociales, sino que también fortalecería las finanzas municipales. La ampliación del padrón predial es una oportunidad para que el ayuntamiento disponga de más dinero para aplicar en proyectos que beneficien directamente a las comunidades rurales, mejorando la infraestructura y los servicios disponibles.

Propuestas para la Regularización

Una de las rutas de solución a la problemática de las parcelas convertidas ilegalmente en fraccionamientos es la vía agraria, la cual siendo utilizada correctamente permite que los compradores de lotes, de buena fe, puedan recibir en un breve plazo, un título de propiedad. El despacho Legal Mac se ha especializado desde hace años en este tipo de procedimientos. Actualmente ofrece soluciones legales para propietarios de terrenos rústicos fraccionados irregularmente. Se pueden obtener títulos de propiedad individuales con su ayuda.

Conclusión

La regularización de las parcelas convertidas ilegalmente en fraccionamientos en la zona rural es una necesidad urgente. Los problemas sociales y legales derivados de esta práctica requieren una intervención inmediata para proteger los derechos de los compradores de buena fe y mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales. Además, la regularización ofrecería beneficios económicos significativos al incrementar el padrón predial y los ingresos municipales, generando un impacto positivo en el desarrollo y la infraestructura rural. Solo a través de un enfoque integral y coordinado se podrá resolver este complejo problema y garantizar un futuro más justo y próspero para todos los habitantes de Baja California.