Uno de los problemas más apremiantes que enfrenta el recién formado municipio de San Quintín es la irregularidad en la tenencia de la tierra

San Quintín, Baja California, 19 de agosto de 2024 – Entrevistada en sus oficinas la Licenciada Aurora Inzunza, Delegada de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California en San Quintín, dijo que uno de los problemas más apremiantes que enfrenta el recién formado municipio de San Quintín es la irregularidad en la tenencia de la tierra urbana. Esta situación no solo frena el desarrollo urbano, sino que también complica el progreso de los asentamientos humanos, impidiendo a las dependencias de los tres niveles de gobierno atender de manera adecuada a la población. Las normativas vigentes exigen comprobar eficazmente la propiedad de los lotes urbanos para que se puedan otorgar los servicios necesarios, lo cual es un reto cuando se trata de fraccionamientos irregulares.

Problemas en la venta de lotes en la zona rural de San Quintín

La venta de lotes en la zona rural de San Quintín, especialmente en parcelas ejidales, se ha convertido en un problema grave. Muchos ejidatarios o titulares de parcelas han fraccionado y vendido estos terrenos en lotes, lo que ha generado complicaciones sociales difíciles de resolver. Los propietarios que han transformado sus parcelas en fraccionamientos irregulares violan diversas disposiciones legales en materia agraria, civil, administrativa y penal.

Implicaciones legales de fraccionar parcelas

Dijo también que la Ley Agraria establece explícitamente la prohibición de dividir parcelas en lotes. La normativa agraria considera la parcela como la unidad mínima de fragmentación, lo que significa que una parcela ejidal no admite división. Fraccionar una parcela para convertirla en lotes no solo infringe esta disposición, sino que también viola normas civiles y administrativas, al no cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección de Catastro y Control Urbano.

Además, los lotes resultantes de esta práctica carecen de seguridad jurídica, lo que impide a los compradores generar escrituras que les garanticen la propiedad, dejando a los adquirentes en una situación de incertidumbre. Los fraccionamientos rurales creados sin la autorización de las autoridades competentes suelen carecer de infraestructura básica, como vialidades adecuadas, servicios de agua y drenaje, cordones de banqueta, servicios públicos y áreas verdes, lo que afecta gravemente la calidad de vida de los residentes.

Consecuencias penales por el fraccionamiento irregular

Señaló que el artículo 220 del Código Penal de Baja California tipifica como fraude el hecho de fraccionar y transferir, o prometer transferir, la propiedad o la posesión de un terreno urbano o rústico, con o sin construcciones, sin contar con el permiso previo de las autoridades administrativas competentes. Este delito se sanciona incluso en caso de que no se haya percibido totalmente la contraprestación pactada. Para efectos penales, se entiende por fraccionar la división de terrenos, incluidas las parcelas ejidales, en lotes.

La práctica de lotificar parcelas no tiene justificación jurídica alguna. Quienes incurren en ella están cometiendo un acto delictivo. Fraccionar parcelas o terrenos rústicos sin las autorizaciones correspondientes genera sanciones administrativas y abre la puerta a demandas por parte de los compradores, quienes con justa razón exigirán sus escrituras o títulos de propiedad.

Advertencia a los propietarios de parcelas fraccionadas

Ante esta situación, mencionó que la Delegación de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California en San Quintín hace un llamado a los propietarios de parcelas que han sido convertidas en fraccionamientos irregulares para que cesen inmediatamente la venta de lotes y regularicen su situación. Se les insta a incorporarse a programas institucionales de regularización de lotes, como los ofrecidos por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (INDIVI) o el Registro Agrario Nacional (RAN).

En caso de no acatar esta advertencia, los propietarios serán sujetos de acciones legales, incluyendo la posibilidad de enfrentar procesos penales por fraude, que podrían resultar en sanciones severas, como penas de prisión y multas significativas.

Finalmente reiteró que la Delegación de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California en San Quintín reitera su compromiso con el respeto a la legalidad y el bienestar de los ciudadanos, y seguirá vigilando de cerca este tipo de actividades para garantizar un desarrollo urbano ordenado y justo en la región.