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Conversatorio sobre derecho agrario y su vinculación con el derecho indígena a la luz de la reforma constitucional

El Sauzal de Rodríguez, 25 de enero de 2025.    En el emblemático escenario de la ex hacienda del general Abelardo L. Rodríguez, expresidente de México, se llevó a cabo el conversatorio titulado “Derecho agrario y su vinculación con el derecho indígena a la luz de la reforma constitucional”. La exposición estuvo a cargo de la Mtra. Larisa Ortiz Quintero, Magistrada Numeraria del Tribunal Superior Agrario, de ascendencia nahua, quien destacó la importancia de la reciente reforma al artículo 2º constitucional en favor de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas del país.

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El evento contó con la asistencia de aproximadamente cien personas, entre ellas académicos, funcionarios de los tres niveles de gobierno, y de los tres poderes del Estado, estudiantes universitarios y comisariados ejidales. La participación activa de los asistentes enriqueció el diálogo sobre las implicaciones de la reforma constitucional en el ámbito agrario y la visibilización de los derechos de los 70 pueblos indígenas de México y poco más de 12, 300 comunidades indígenas con propiedad comunal en su mayoría, aunque también tienen propiedad ejidal.

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Entre los presentes destacó la presencia y participación del Doctor Luis Ponce de León Armenta, Magistrado agrario en retiro, reconocido por su larga trayectoria en el ámbito de la justicia y academia agraria a nivel nacional, así como de distinguidos jurisconsultos de Baja California, quienes aportaron elementos valiosos a la discusión.


México: Un país multicultural y pluriétnico


En su intervención, la Magistrada Ortiz Quintero subrayó que en México se hablan 70 lenguas indígenas y que el 30% de la población nacional es indígena. A pesar de esta realidad, persiste una situación de invisibilización de estos sectores, lo que refuerza la necesidad de impulsar acciones que garanticen el reconocimiento pleno de sus derechos. Como ejemplo, expuso la creación del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano, publicado el 9 de agosto de 2024, en el Diario Oficial de la Federación, donde se puede consultar cuáles son los pueblos indígenas y sus comunidades, así como sus características, entre otras, de propiedad comunal y ejidal.

La magistrada resaltó también que en el artículo 2º constitucional se reconoce que México es una nación pluricultural y multiétnica, lo que implica el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en especial al derecho a la tierra y al territorio.


Diferencias entre ejidos y comunidades indígenas


Durante el conversatorio se destacó que en México existen aproximadamente 32 mil núcleos agrarios, de los cuales alrededor de 29 mil son ejidos y un poco más de 3 mil son comunidades indígenas jurídicamente reconocidas. La diferencia fundamental entre ambos radica en la forma en que se les otorgaron sus tierras:

En el caso de las comunidades indígenas, en muchos casos las tierras les fueron reconocidas y tituladas, pero en otros casos, previo a ello, les fueron restituidas ya que históricamente fueron despojados de ellas desde la época colonial hasta la Revolución Mexicana.

En el caso de los ejidos, las tierras fueron dotadas a grupos campesinos que las solicitaron, previa comprobación de su capacidad agraria y conforme a procedimientos establecidos en resoluciones presidenciales.


Propuesta de conversión de ejidos a comunidades indígenas


Uno de los puntos más relevantes del conversatorio fue la propuesta presentada por la asociación “Abogados Agrarios Colegiados, A.C.” En su intervención, señalaron que, de los ocho núcleos agrarios conformados por población indígena nativa en Baja California, cinco fueron dotados como ejidos en lugar de ser reconocidos como comunidades, lo que constituye una violación a su calidad de dueños originarios de la tierra.

La propuesta de la asociación consiste en impulsar un acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, el Colegio de Abogados Agrarios Colegiados y el Colegio de Fedatarios Públicos. El objetivo es promover la conversión de estos cinco ejidos en comunidades indígenas, garantizando con ello el pleno reconocimiento de sus derechos ancestrales. Esta conversión, desde luego, dependería de un acuerdo interno en las respectivas asambleas ejidales.


Al finalizar, un llamado a la unidad


El conversatorio concluyó con un exhorto a la unidad y el trabajo conjunto en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, así como la protección de la tierra y territorios como elemento fundamental de la identidad y la vida comunitaria. La jornada dejó en claro la necesidad de continuar promoviendo cambios legislativos y administrativos que garanticen la justicia agraria en el país.

Con eventos como este, se refuerza la reflexión sobre la importancia del derecho agrario e indígena y su papel en la consolidación de un México más justo e incluyente para sus pueblos originarios y campesinos, iniciando desde las facultades de derecho en las que deberán impartirse obligatoriamente las asignaturas de derecho agrario y derecho indígena.

 
 
 

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