Abuso de Poder en Puebla: Gobernador Armenta, amenaza. Por actitudes como esta, los ciudadanos se decepcionan de los gobiernos

Por Billy Montañez

En un acto que ha generado un amplio rechazo y preocupación entre el sector empresarial y la sociedad civil, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha sido acusado de abuso de poder tras amenazar públicamente a grupos inmobiliarios con la expropiación de terrenos si no acceden a sus demandas. Esta controversia se desató cuando Armenta, en un tono que muchos han calificado de prepotente, exigió a la empresa Grupo Proyecta la donación de dos hectáreas de terreno para la construcción de viviendas destinadas a policías estatales.

El gobernador, en un discurso que ha sido ampliamente difundido y criticado, otorgó un plazo de un mes a Grupo Proyecta para que cedan el terreno requerido. En caso de negativa, Armenta advirtió que se procederá a expropiar el doble de la extensión solicitada, es decir, cuatro hectáreas. "Se los digo con todo cariño, ¿eh?", expresó el mandatario, en una declaración que ha sido percibida como una amenaza velada.

La reacción del sector inmobiliario no se ha hecho esperar. Grupo Proyecta, que cuenta con desarrollos en Puebla, Guanajuato y Yucatán, ha manifestado su sorpresa y preocupación por las declaraciones del gobernador. La empresa ha destacado su compromiso con el desarrollo económico y social de las regiones donde opera, pero ha subrayado que las amenazas y la coacción no son el camino para establecer colaboraciones fructíferas entre el sector público y privado.

El uso de la figura de expropiación, tal como lo plantea el gobernador Armenta, ha sido objeto de críticas por parte de expertos en derecho y administración pública. La expropiación, en términos legales, implica la compra forzosa de un inmueble a precio comercial, no una apropiación gratuita. Este procedimiento, además de ser una amenaza directa a la propiedad privada, tendría implicaciones económicas significativas para el gobierno estatal, que se vería obligado a destinar recursos no contemplados en su presupuesto de egresos para adquirir los terrenos.

La comunidad empresarial ha expresado su preocupación ante este tipo de declaraciones, que consideran inhiben la inversión y generan un clima de incertidumbre. "Este tipo de actitudes no solo son violatorias de los principios más elementales de la administración pública, sino que también envían un mensaje negativo a los inversionistas, quienes buscan entornos estables y respetuosos de la ley para desarrollar sus proyectos", señaló un representante del sector.

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han pedido a las autoridades federales intervenir para garantizar que se respeten los derechos de los particulares y se eviten prácticas que puedan considerarse como abuso de poder. La amenaza de expropiación, según han argumentado, no solo afecta a los empresarios directamente involucrados, sino que sienta un precedente peligroso para el manejo de las relaciones entre el gobierno y el sector privado.

El gobernador Armenta, hasta el momento, no ha emitido una respuesta formal a las críticas recibidas. Sin embargo, su coordinador del Gabinete ha sido instruido para notificar por escrito a Grupo Proyecta sobre la advertencia de expropiación, lo que ha intensificado el debate sobre la legalidad y ética de estas acciones.

En un contexto donde la colaboración entre el sector público y privado es muy importante para el desarrollo económico y social, las declaraciones del gobernador de Puebla han encendido las alarmas sobre el respeto a los derechos de propiedad y la necesidad de mantener un diálogo constructivo que promueva el bienestar de la comunidad en su conjunto. La situación en Puebla se presenta como un caso emblemático de los desafíos que enfrenta la administración pública en su relación con el sector empresarial, y subraya la importancia de actuar dentro del marco de la ley y con respeto a los principios democráticos.