Carmen y Mariela en el distrito XVII local

EL OBSERVADOR 12/abril/2024

* por Billy Montañez

Maneadero ha generado políticos destacados en Baja California. Diputados locales y federales, regidores y un presidente municipal.

Lo anterior para comentar de una poderosa dupla que se presenta hoy para competir en la búsqueda de la diputación por el distrito diecisiete local, con la marca Fuerza por México.

En la titularidad va Carmen Salazar Guerra, licenciada en economía, exbanquera y empresaria del comercio de la construcción, entre muchas facetas de su vida, lo que hace de ella una candidata fuerte para representar a los electores en ese distrito, con enorme territorio rural, comprendiendo la totalidad del municipio de San Quintín y media ciudad de Ensenada.

En la suplencia le acompaña Mariela Romero Rodríguez, nacida en Maneadero hace treinta y dos años, abogada; y aunque joven, tiene una sólida carrera en la administración pública.

Con el fin de hacer un correcto análisis de esta fórmula electoral, excepcionalmente haremos la descripción de la suplente primero y mañana hablaremos de la candidata titular.

Mariela Romero, con pensamiento de izquierda, sin filiación partidista trabajó inicialmente en el poder judicial de la federación en la ciudad de Mexicali. También allá, en la dirección de seguridad pública municipal, en el departamento jurídico.

Feminista y defensora de las mujeres en búsqueda de mecanismos de protección contra la violencia, ha tenido participación muy activa en colectivos relacionados con estos temas.

En los recientes seis años, ha participado en diversos cargos relacionados con la regularización de lotes y vivienda en el INDIVI y la introducción de servicio y suministro de agua en la CESPE, particularmente en la zona rural que comprende precisamente el distrito diecisiete.

Conoce perfectamente áreas como Maneadero y San Quintín en donde ha interactuado con vecinos y líderes de colonia, a quien ha apoyado y logrado titulación de muchos fraccionamientos de la zona rural.

En la administración pasada del gobierno del estado a nivel estatal, fue subdirectora de regularización y vivienda, cargo que le permitió consolidar la tarea iniciada desde la base en el IDIVI, donde tuvo antes posiciones locales en esa oficina de gobierno, atendiendo cientos de colonias, entre otras las Palmas en Eréndira; en San Vicente comunidad Ventana al valle, colonia “Oaxaca” en Maneadero, residencial valle de Maneadero, “Malacara” también ubicado en la parte alta de Maneadero; y muchas otras más en Ensenada, Camalú, colonia Vicente Guerrero y San Quintín.

Muy extenso su territorio electoral, el que habrá de recorrer a partir del día quince con el arranque de las campañas, buscando también a los alrededor de setenta comisariados ejidales que representan la totalidad de su distrito, desde Chapultepec en Ensenada, hasta el paralelo 28 en la colindancia con el estado sur de la península bajacaliforniana.

La estrategia debe ser con reuniones de trabajo donde se analice la problemática rural de manera puntual, tendiente a fortalecer y consolidar el desarrollo regional.

Uno de los propósitos iniciales se encuentra en el ejido Uruapan, mejor conocido como valle de La Gruya, apenas unos cuantos kilómetros al sur de Maneadero, donde la producción vitivinícola es una tradición y su reconocimiento como la antigua ruta del vino, hace necesario que el gobierno apoye eficazmente a la región.

Un proyecto que se percibe detonante es la construcción de una carretera que conecte este valle con Ojos Negros en Real del Castillo. Desde luego que la tarea esencial de la diputación será legislar, sin embargo el empuje y liderazgo de estas mujeres será fundamental para pedir al gobierno del estado y a la federación la realización de esta obra, entre otras.

Otro tema que deberán atender desde la legislatura, es el desproporcionado cobro del impuesto predial en San Quintín que se cobra abusivamente sobre predios rústicos (rurales), en dos sentidos.

El exagerado incremento en el monto del impuesto, que del periodo tributario anterior se incrementó en alrededor de quinientos por ciento. El argumento del colegio de concejales es que los valores de la propiedad cambiaron, razón por la cual el impuesto predial simplemente se ajustó y cuantitativamente ahora pagan más, pero no “porque se haya incrementado el impuesto”, sino porque cambiaron de valor los predios.

Ello simplemente es un absurdo juego de palabras, porque en esencia el incremento es imputable a la autoridad municipal.

Lo correcto sería que solamente se incrementara el impuesto predial, en proporción del incremento de la inflación, la cual se mide por el banco de México (banca central) y no rebasa el cuatro o cinco por ciento anual aproximadamente.

Hacerlo en la cantidad y proporción que lo hace el municipio de San Quintín, definitivamente es anticonstitucional y violatorio de derechos humanos (garantías constitucionales).

Otra ilegalidad se refiere al cobro de impuestos de parcelas sobre las cuales se ha obtenido el dominio pleno, haciéndolo de manera retroactiva cinco años, aun cuando esos predios recién nacieron a la vida jurídica y no eran parcelas, sino tierras de uso común, ni tampoco eran del régimen privado.

El actual ayuntamiento soslaya la atención a los pobladores de la zona rural, es incongruente en la recaudación que pretende por concepto de los predios propiedad de los campesinos. El destino que debe darse a la cobranza predial, requiere retribución en servicios, sin embargo, si se adolece de algo, es precisamente de servicios de colecta de basura, alumbrado público, pavimento en las calles y seguridad pública.

La representación legislativa de este distrito tiene mucha tarea por hacer. Desde la posición que tendrán las legisladoras, deben propugnar por frenar los abusos de los ayuntamientos y autorizar o negar desde el congreso del estado las leyes de ingreso municipal, donde se establece el cobro de impuestos que en este caso, afecta enormemente a los ciudadanos.

*El autor es comunicador y politólogo.